La matanza de Accomarca cumple mañana 25 años y permanece en la impunidad
La masacre de más de 60 personas a manos de militares en la localidad de Accomarca es una de las más cruentas perpetradas en las dos décadas de lucha contra el terrorismo en Perú y mañana 14 de agosto se cumplen 25 años de estos hechos sin que se haya procesado a sus responsables.
"Veinticinco años después el caso sigue en la impunidad, no ha habido sanción penal a los responsables ni indemnización a los familiares de las víctimas", dijo a Efe la abogada de las víctimas de Accomarca, Karim Ninaquispe.
La madrugada del 14 de agosto de 1985, unos días después de que Alan García asumiera la Presidencia de Perú en su primer Gobierno, una patrulla del Ejército asesinó a 62 pobladores, entre ellos ancianos, mujeres y niños de Accomarca, en la región de Ayacucho, situada en el sur peruano y bastión de la organización maoísta Sendero Luminoso.
Días después los militares asesinaron a otras 7 personas que presenciaron los hechos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
"Llegaron los militares diciéndonos casa por casa que había una reunión en Llocllapampa (a tres kilómetros de Accomarca). Mi mamá se fue a la reunión con mis cinco hermanitos. Me abrazó y me dijo llorando que iba a regresar y nunca regresó, tampoco mis hermanitos", relató a Efe Teófila Ochoa sobre el momento de los hechos, cuando contaba con 11 años de edad.
Teófila se escondió en una colina aledaña desde la que observó la agresión: "Cuando los llevaron a la pampa, (los militares) arrastraron a las mujeres embarazadas, golpearon a los hombres, violaron a varias mujeres, los niños lloraban (...) y por la tarde empezó la balacera, las explosiones y quemaron las casas".
En aquella época (primeros ochenta), Sendero Luminoso tenía una fuerte presencia en Ayacucho y los militares sospechaban que la organización maoísta tenía escuelas populares de adoctrinamiento y a varios simpatizantes en la zona.
Por ello, el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, elaboró un plan operativo contra Sendero que desencadenó en la incursión de la compañía "Lince", al mando de David Castañeda Castillo, a través de sus grupos "Lince 6" y "Lince 7", comandadas por Juan Rivera Rondón y Telmo Hurtado.
Fueron Hurtado y Rondón, al mando de 25 soldados, los que ingresaron a Llocllapampa, mientras que Castañeda estaba encargado de cerrar las vías de escape a los presuntos terroristas que intentaran escapar del operativo.
Ese día, las versiones de los sobrevivientes indican que Hurtado ordenó a sus soldados que disparasen contra los pobladores, después detonaron con granadas las viviendas y las incendiaron, y por último festejaron allí mismo con bebida y bailes el operativo.
"Ellos (los campesinos) no podían disparar o hacernos alguna cosa a nosotros, y de pronto yo vi al subteniente Telmo Hurtado abriendo fuego contra ellos, les lanzó una granada, el humo salía de la casa" relató Francisco Marcañaupa, uno de los soldados participantes en la matanza, en un programa periodístico emitido en 2008.
Tras los hechos Teófila Ochoa -que junto a unas cuarenta personas logró escapar- se encontró con una prima y su abuela y emigró a Lima, donde desde los once años se desempeña como empleada doméstica y desde entonces busca justicia.
El caso fue primero visto por un foro militar que sentenció a Hurtado por abuso de autoridad, aunque después fue amnistiado durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
En 2005 la Fiscalía formalizó la denuncia contra Hurtado, Rivera Rondón, Castañeda Castillo, y otros 26 militares por la masacre de Accomarca, pero a la fecha no se ha iniciado el juicio sobre el caso, puntualizó Ninaquispe.
La Fiscalía acusó a los 29 militares de delitos de homicidio calificado y desaparición forzada y ha pedido penas de hasta 25 años de cárcel y el pago de 14 millones de soles en total (unos 5 millones de dólares) para las víctimas.
Hurtado está a la espera de ser extraditado a Perú desde Estados Unidos, Rivera Rondón se encuentra bajo arresto domiciliario tras su extradición en 2008 del país norteamericano donde también reside Castañeda Castillo.
Solamente dos soldados se encuentran en prisión.
"Alan García (actual gobernante de Perú) tiene una deuda pendiente con las víctimas, que es justicia", acotó Ninaquispe.



























